El ‘todo o nada’ de Milei empantana su plan para desmantelar el Estado argentino

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En menos de un mes, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, impulsó cientos de medidas que cree necesarias para recomponer un siglo “de decadencia”. En su ideario, Argentina puede “volver a ser” un país “pujante” si aplica su receta ultraliberal “con shock y sin gradualismo”. Pero la viabilidad del plan de Milei para desguazar el Estado argentino depende, en principio, de que un proyecto de ley con más de 600 artículos sea, como mínimo, tratado en el Congreso, donde los legisladores tendrán que abordar un paquete variado de cientos de páginas en sesiones extraordinarias. También depende de que un megadecreto con más de 300 derogaciones y cambios normativos no sea rechazado en el Parlamento o frenado por la justicia, como ya está ocurriendo en algunos tribunales que no ven la “necesidad” y la “urgencia” de ciertas medidas. La falta de prioridades en la estrategia del Gobierno puede acabar debilitando al ultraderechista.

Milei ha abierto muchos frentes, todos a la vez, para desmantelar el Estado y cambiar de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El día que asumió el poder, el pasado 10 de diciembre, marcó como su prioridad reducir una inflación que en noviembre superó el 160% interanual y avisó de que lo haría con un recorte de 20.000 millones de dólares en el sector público. Las medidas que anunció nada más llegar a la Casa Rosada, sin embargo, abordan una variedad de temas mucho más amplia. Plantean desde una reforma del sistema político hasta la reventa “sin límites” de entradas a eventos deportivos; habilitan la privatización de empresas estatales y limitan el derecho de huelga. Y hay todavía más en camino, anunció.

Gran parte de las reformas están incluidas en el decreto de necesidad y urgencia que Milei firmó el 20 de diciembre y entró en vigor ocho días después. La reforma laboral incluida allí fue suspendida por dos fallos judiciales, pero el resto de puntos rigen ya como leyes, mientras el Congreso no rechace el megadecreto o la justicia no dicte nuevas medidas cauteles ante las críticas por inconstitucionalidad. El Gobierno ya avizora que el trámite será largo. Otras medidas están incluidas en el proyecto de ley que Milei envió al Congreso una semana después y que tiene otro recorrido. Este deberá ser tratado, como cualquier ley, en el Parlamento. Pero el paquete es tan amplio y extenso que ningún sector de la oposición ha ofrecido su apoyo total porque, entre otras razones, le delega al Ejecutivo facultades extraordinarias.

El Gobierno, sin embargo, está confiado de que su programa “va a salir adelante”. “Los partidos no terminan hasta el pitazo final”, señaló Milei tras el primer freno a su estrategia en la justicia. Aunque avisó también que “dos tercios” de las consecuencias de su programa se van a ver recién “en 15 años”. “Tus hijos y tus nietos van a vivir maravillosamente bien”, le explicó al periodista que lo entrevistaba en la radio.

“Milei se está encontrando con un obstáculo atrás de otro porque su equipo no tiene experiencia de gestión del Estado. El Gobierno puede tener buenas ideas, pero si no las puede implementar forman parte de la imaginación”, señala Gabriela Ippolito-O’Donnell, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y profesora de la Universidad de San Martín. Ippolito-O’Donnell observa “mucha improvisación” en el equipo de Gobierno: “Se está empantanando todo porque su gente no sabe qué hacer”. “La receta del mercado es fácil. Pero los Estados modernos son más complejos que eso”, advierte. La politóloga cree que el éxito o fracaso del plan va a depender de la presión que ejerzan los “diferentes grupos afectados” en el Congreso, en la justicia o en la calle.

A los frenos que ya empezaron a poner los tribunales —el equipo de Milei dijo que apelará—, se sumó esta semana el cuestionamiento de un grupo de gobernadores de la Patagonia, de diferentes partidos, que consideraron que la reforma que plantea el proyecto de ley sobre la normativa que rige la actividad pesquera afecta “gravemente la economía nacional y el desarrollo” de ese sector. Este jueves, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con uno de esos gobernadores y con el intendente de una localidad costera y el resultado fue un comunicado del Gobierno en el que este se comprometió a “clarificar algunos puntos” de la ley. Quizás así, punto por punto, avanzará la negociación.

El ministro Francos, un político tradicional y moderado, representa dentro del Gabinete de Milei el ala más dialogante. En ese sentido, contrasta con Milei, quien plantea que quienes no están “a favor de la libertad”, es decir, con él y su Gobierno, están del lado del “modelo empobrecedor”. ”El diálogo siempre está abierto”, aclaró el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, a un periodista que este viernes le preguntó si la reunión entre los gobernadores y Francos inauguraba “una nueva etapa” para “aceptar más cambios a la ley”. Inmediatamente después de exponer la disposición del Gobierno a negociar, Adorni zanjó: “Lo que no quita que nosotros estamos convencidos de la ley (…). En ese convencimiento no estamos, en principio, dispuestos a cambiarla”.

Sesiones extraordinarias

Este jueves se conformaron cuatro comisiones para empezar a debatir la ley en un clima que los periodistas presentes calificaron como “tenso”. Una de las mayores polémicas la suscitó la designación del diputado José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, un legislador que pertenece a un monobloque y ha amenazado en redes sociales con “cárcel o bala” a legisladores de izquierda. Los diputados tienen enfrente un paquete de más de 300 páginas que deberán tratar a lo largo de enero en sesiones extraordinarias. El Gobierno, por ahora, ha desestimado extender ese plazo.

“Es común esta hiperactividad al principio de un Gobierno”, señala Juan Negri, doctor en Ciencia Política y director de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Di Tella, que encuentra “racionalidad” en las medidas del Gobierno. “La pregunta que tengo”, continúa, “es si el Gobierno realmente piensa negociar”. “Si va a todo o nada, la situación será más complicada porque el Gobierno no se aseguró apoyos legislativos, salió con los tapones de punta contra muchos actores y tiene bastante actividad social en contra”. “Si piensa eso, se va a estrellar contra la pared. El peor escenario para el Gobierno es estar en abril sin ninguna buena noticia para dar todavía, impopular, minoritario en el Congreso, con los movimientos sociales en la calle”, avisa Negri.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, está en minoría en el Parlamento. En el peronismo, el principal bloque opositor, aún no hay un liderazgo claro. El exministro de Economía Sergio Massa —que perdió ante Milei en las elecciones—, el expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidenta Cristina Kirchner están por ahora fuera de escena. El centroderecha de Juntos por el Cambio también está definiendo su espacio. “Les va a costar. La geometría electoral es complicada para ellos porque algunos están en contra de la forma [de las medidas de Milei], pero la mayoría está a favor del fondo”, explica Negri. “Algunos”, continúa, “parece que están tratando de darle viabilidad institucional y legislativa a Milei”. Otros formaron un nuevo bloque, Hacemos Coalición Federal, que también integra sectores del peronismo. Enfrente, el Congreso tiene un debate que para el politólogo será “arduo, mediático y muy lento”.

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