El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este miércoles en Ciudad de México al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con las dramáticas imágenes de fondo de una caravana de miles de migrantes de Honduras, El Salvador, Venezuela o Haití, entre otros orígenes, cruzando el país de sur a norte.
Los altos funcionarios de Washington, a los que se unió la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, llegaron con una lista de peticiones concretas, entre otras, la exigencia de desviar a parte de los migrantes al sur de México, el aumento del control de los ferrocarriles que estos emplean para atravesar el país, entre ellos, el tren conocido como La Bestia, un despiadado medio de transporte, y la sugerencia de que se den incentivos para que no continúen viaje hasta la frontera, como visados para permanecer en los países que atraviesan rumbo a las promesas de una vida mejor en Estados Unidos.
La reunión surgió de una llamada del pasado jueves entre López Obrador y el presidente Joe Biden, en la que ambos mandatarios acordaron, además de los términos de la visita, la apertura de varios pasos fronterizos cerrados de emergencia ante la avalancha de personas llegadas a la frontera entre ambos países. La media de “encuentros”, eufemismo que esconde el número de detenciones de inmigrantes de los agentes de la Patrulla Fronteriza, alcanzó los 9.600 de media semanal a principios de diciembre. El martes pasado, la cifra bajó algo, hasta los 6.000.
El año fiscal de 2023 (que va hasta septiembre, desde el octubre anterior) ha dejado más de 3,2 millones de “encuentros”, cifra que ha pulverizado todos los registros; también el de 2022, que rompió el anterior récord con 2,7 millones de aprehensiones.
La crisis migratoria y la gestión de la frontera han sido un quebradero de cabeza constante para Biden, que llegó al cargo con la promesa de “humanizarla” y de revertir las severas políticas de su antecesor, Donald Trump. Casi tres años después, la dura realidad de una crisis sin precedentes ha obligado a endurecer su discurso al presidente, que busca la reelección el año que viene en una campaña que vendrá marcada por la guerra ideológica en torno a estos asuntos. Tal vez el mayor signo de ese cambio de actitud llegó en octubre, cuando la Casa Blanca aprobó una ampliación del muro de la frontera, pese a que el mandatario demócrata hizo campaña presidencial con la idea de abandonar uno de los proyectos emblemáticos de Trump.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, ha agradecido la respuesta de Estados Unidos a la invitación del presidente López Obrador, enviando a tres secretarios y sus equipos en unas fechas complejas. Ha destacado el tomo amistoso de la reunión y la importancia de los asuntos tanto económicos como de migración que se han tratado, así como la creación de un equipo de trabajo que se reunirá periódicamente, también con la colaboración de países como Guatemala y otros centroamericanos. Y la necesidad de atacar las causas de la pobreza y políticas que impulsan a estas personas a abandonar sus países.
La crisis migratoria no es solo un fenomenal problema humanitario, sino que sirve para la brega política en el ámbito doméstico. El Partido Republicano ha logrado en el Congreso unir el destino de la ayuda militar a Ucrania a que se endurezca la gestión de la frontera. Aspiran a arrancar a la Administración de Biden compromisos como la limitación de la concesión de asilo a las 5.000 personas diarias, elevando las exigencias de modo que los inmigrantes tengan que acreditar un “peligro creíble” que les impida volver a sus países, o equipar a los solicitantes de un GPS como los que se usan en los arrestos domiciliarios.
La pasada semana, el Senado se fue de vacaciones de Navidad tras haber apurado los plazos para alcanzar un acuerdo en tan apremiantes asuntos. El pacto para enfrentar los problemas en la frontera sur tendrá que esperar al reinicio del curso político, mientras los alcaldes de ciudades como Eagle Pass o El Paso (en Texas) o Yuma, en Arizona, se declaran desbordados por una crisis que también alcanza a Nueva York, Chicago o Washington, adonde el gobernador de Texas, el halcón Greg Abbott, lleva meses fletando autobuses para llevar hasta las puertas de esos bastiones demócratas los problemas que tiene en su Estado.
Abbott acaba de firmar una ley que permite a la policía deportar de forma inmediata a los sin papeles. Es una de las normas más duras entre las aprobadas hasta la fecha en Estados Unidos, y ha provocado la condena del presidente mexicano.
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