La UE prolonga por seis meses las sanciones a Venezuela

La Unión Europea ha decidido prolongar las sanciones a Venezuela que mantiene desde 2017. No obstante, en un gesto de reconocimiento a los tímidos pasos —todavía muy inciertos— dados por el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición hacia la celebración de elecciones presidenciales el año que viene, la revisión de la medida se hará dentro de seis meses y no en un año, como es habitual. Además, los Veintisiete se declaran dispuestos a “revaluar el alcance” de las medidas y hasta “revertirlas en cualquier momento” si se confirma un avance “concreto, sostenible y verificable” de la situación política del país sudamericano, pese a lo cual Caracas ha calificado de “arrogante” e “ilícita” la actitud de Bruselas.

El acuerdo político de Barbados de octubre “representa un paso positivo y necesario en la continuación del proceso de diálogo inclusivo y hacia la restauración de la democracia en Venezuela”, señala el Consejo de la UE en un comunicado respecto del pacto que surgió de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión y otros actores internacionales.

Teniendo en cuenta ese “contexto”, se ha decidido, de manera “excepcional”, acortar la duración de la renovación de las sanciones “de 12 a seis meses”, agrega la nota oficial europea, emitida en el marco de las discusiones de los ministros de Asuntos Exteriores que se reúnen este lunes y martes en Bruselas.

En la cita previa de los ministros de Exteriores europeos, a finales de octubre en Luxemburgo, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, había llegado a plantear que se estudiara ya el levantamiento de las sanciones ante la “evolución positiva” del diálogo en Venezuela y la decisión de Washington de suspender de forma parcial y temporal sus castigos al petróleo, gas y oro venezolano.

Justo antes de la cita luxemburguesa, se había conocido la victoria de María Corina Machado en las primarias de la oposición en Venezuela, lo que debería convertirla en la rival de Nicolás Maduro en los comicios de 2024. Una victoria que el Tribunal Supremo venezolano invalidó solo unos días más tarde, después de que el Gobierno de Maduro empezara a hablar de fraude y movilizara a la Fiscalía contra Machado, inhabilitada políticamente por el chavismo por 15 años.

Tras conocer la decisión judicial venezolana, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, advirtió a Maduro de que no tiene “carta blanca” para vulnerar el acuerdo con la oposición y que hacerlo podría suponer la vuelta completa de las sanciones. “Si el régimen ha violado de hecho el acuerdo alcanzado, entonces tomaremos las medidas necesarias (…); no van a tener carta blanca para llevar a cabo acciones en contradicción con los compromisos asumidos para avanzar hacia unas elecciones libres y justas”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, según la agencia France Presse.

Sin hacer mención a los últimos bandazos de Caracas, la UE se limita a señalar su disposición a “dar pasos” e incluso plantearse “aliviar o revertir” las sanciones. Eso sí, advierte, siempre “dependiendo de la evolución de la situación y la implementación” del acuerdo político con la oposición. Y también, agrega, de los “avances realizados hacia la liberación incondicional de todos aquellos injustamente detenidos, la libertad de expresión, incluyendo a los miembros de la prensa, la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales”, elementos clave que deberían permitir la celebración de “elecciones democráticas creíbles, incluyentes y transparentes”, además de garantizar el “respeto a los derechos humanos y políticos”, agrega.

Pese al guiño cauteloso que implica al proceso de diálogo —fuentes comunitarias señalan que, aunque ha sucedido en el pasado, no es habitual acortar en el tiempo las sanciones a un país o individuos—, en Caracas ha caído muy mal la decisión. El Gobierno la ha calificado de “ilícita” y “arrogante” y una muestra de su continuada “política injerencista en los asuntos internos” de Venezuela.

La prolongación de las sanciones al menos hasta el 14 de mayo “inhabilita [a la UE] de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de Naciones Unidas”, afirma el Gobierno de Maduro en un comunicado. “Instamos a la UE a evitar las prácticas colonialistas con los Estados soberanos como Venezuela y en su lugar, crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes”, agrega Caracas.

Las sanciones europeas se revisan regularmente y, en el caso de Venezuela, la decisión sobre su prolongación o no debía tomarse antes de este martes, fecha en la que expiraba la última prórroga, aprobada el 2 de diciembre del año pasado. La UE aplica sanciones a Venezuela desde 2017, cuando aprobó un embargo de armas y equipos que pudieran usarse para la represión interna. Además, elaboró una lista de individuos a los que se imponen prohibiciones de viajes y congelación de bienes que se ha ido ampliando en los últimos años, hasta superar el medio centenar de sancionados.

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