Macron trata de sofocar la crisis de Gobierno tras la aprobación de la nueva ley de inmigración | Internacional

El presidente francés, Emmanuel Macron, apelará al Constitucional francés para que verifique si la nueva ley de inmigración es legal y respeta los derechos fundamentales. La ley se adoptó el martes por la noche en la Asamblea Nacional con los votos a favor de la derecha tradicional, la extrema derecha y una mayoría de los diputados que apoyan a Macron. Pero una cuarta parte de los macronistas votaron en contra o se abstuvieron. El presidente intenta ahora sofocar la rebelión. No será fácil. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ya ha anunciado que dimitirá. Otros, situados en el ala socialdemócrata del Gobierno, han amenazado con hacerlo también.

La izquierda y una parte del macronismo consideran que la ley rompe el principio de igualdad para los residentes en Francia y, más grave aún, asume sin decirlo uno de los tótems de la extrema derecha, la llamada preferencia nacional. Es decir, la prioridad para los franceses ante los extranjeros, aunque estos tengan los permisos necesarios de residencia y trabajo, a la hora de acceder al robusto sistema de protección social francés. Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia y aspirante a suceder a Macron en el Elíseo, celebró la adopción del texto como una “victoria ideológica” de su partido, el Reagrupamiento Nacional.

En una entrevista con la cadena de radio France Inter, la primera ministra de Macron, Élisabeth Borne, admitió este miércoles que en la ley hay elementos inconstitucionales. “Sí, se lo confirmo”, respondió cuando los entrevistadores le preguntaron si era así. Pero eso no fue obstáculo para referirse así a la votación del martes: “Tengo el sentimiento del deber cumplido”.

La versión adoptada no es la que originariamente querían Borne y Macron, más equilibrada entre las medidas represivas y las progresistas. Pero, al carecer de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, necesitaban los votos de la oposición. Y acabaron pactando una versión más dura y derechizada del texto con la derecha de Los Republicanos, mayoritaria en el Senado. El Consejo Constitucional, equivalente a un tribunal constitucional, podría anular algunos artículos y volver a suavizar la ley.

Derecho del suelo

Los críticos denuncian que la ley cuestiona principios fundamentales de la República. Uno de ellos es que en Francia la nacionalidad de un ciudadano no depende de sus orígenes, sino del lugar donde ha nacido, según la tradición del llamado derecho del suelo, por oposición al derecho de sangre. Hasta ahora, un hijo de extranjeros se convertía automáticamente en francés a los 18 años. Ahora tendrá que pedirlo. La idea es que, quien quiera ser francés, manifieste su voluntad de serlo, sin que sea automático.

Otra crítica apunta a la obligación para los estudiantes extranjeros de depositar una paga y señal cuando vengan a estudiar a Francia. Es una medida, inspirada por la derecha, que busca evitar que personas que quieren inmigrar a Francia se inscriban en universidades para obtener así un visado, y que luego no vayan a clase. Los rectores de las universidades denunciaron en un comunicado que esta medida “va contra la tradición multisecular de apertura al mundo de la universidad francesa” y “es un insulto a la Ilustración”.

La medida más controvertida es la que endurece las condiciones para que los extranjeros, aunque tengan permiso de trabajo y residencia, reciban ayudas familiares o a la vivienda. Que esto establezca una diferencia entre los franceses y los extranjeros es lo que lleva a los críticos a decir que Macron ha adoptado la preferencia nacional, un concepto hasta ahora tóxico para la mayoría de partidos, excepto la extrema derecha.

El diario progresista Le Monde, en un editorial, lamenta: “Desde que hace cuarenta años, el debate político francés adoptó el tema de la inmigración, raramente un gobierno había manifestado tal grado de compromiso con fuerzas que prosperan designando al extranjero como chivo expiatorio”. Para Le Figaro, la crisis política es el resultado de la “negación [por parte de Macron] de su ausencia de mayoría absoluta en la Asamblea, que le expone a las arenas movedizas de las oposiciones, y de la negación sobre todo del lugar central que la inmigración ocupa en el mal francés”. El diario conservador opina que el presidente intentó durante demasiado tiempo complacer a la vez a la izquierda y a la derecha, y no entendió que, en el tema de la inmigración, la opinión pública se inclina a la derecha.

Macron prevé dar explicaciones en una entrevista esta tarde a las 19.00 horas con la cadena pública France 5. En una reunión que mantuvo el martes en el Elíseo con los líderes parlamentarios que le apoyan, dijo que su objetivo al adoptar la ley era defender el interés general de los franceses, manteniendo la unidad de la mayoría y del país, según una fuente que participó en la reunión y pidió anonimato.

De los seis o siete ministros que amenazaron con dimitir si se adoptaba el texto, solo uno lo ha confirmado en público. “Yo no doy lecciones de izquierda o de moral a nadie”, dijo a Le Monde el titular de Sanidad, Rousseau. “Constato clínicamente que para mí no es posible explicar este texto”. Este ministro se adscribe, como los otros descontentos, en el ala socialdemócrata del Gobierno. Él, además, fue jefe de gabinete de la primera ministra, también procedente de la socialdemocracia.

Uno de los efectos de la ley puede ser la ruptura del equilibrio entre las distintas corrientes del macronismo, un movimiento que pretendía ser transversal y congregar a los moderados de izquierdas y de derechas. La crisis ha dejado heridas profundas. Tardarán en cerrarse.

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