Nueve periodistas se exilian de Ecuador en 2023 expulsados por el crimen organizado

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Pasaron solo unas horas entre conocer la amenaza de muerte y estar subida en un avión, con destino al exilio. Para Karol Noboa, una periodista ecuatoriana de 28 años, esas horas las sintió como días, los necesarios para ver pasar frente a ella ocho años de carrera en medios de comunicación, dejar a su familia y amigos confundidos, sin entender muy bien por qué dejaba Ecuador de un momento a otro. “Siento una profunda derrota. Siento que se me quitó una parte de mi vida que no va a volver. En el momento que subí al avión, supe que tenía que vivir con esto que se llama exilio”, dice la periodista que cubría temas relacionados a las bandas delictivas y sus vínculos con el crimen organizado.

Ella fue la primera periodista en tener que salir del país por amenazas contra su vida. Sus textos publicados en el medio GK, narran con precisión lo que detonaba las masacres carcelarias, quiénes participaban y la corrupción al interior de los centros penitenciarios. Karol conoce muy bien la dinámica de las bandas delictivas, creció en barrios en Quito donde las pandillas eran parte de la estructura social. Sin entender bien qué es el exilio, creía que en unos días iba a poder regresar. Han pasado nueve meses y se ha mudado a dos países diferentes. “Los primeros meses fue un declive tan fuerte que me inhabilitó de todo, anímicamente me afectó mucho, al punto de no poder escribir”, añade.

La cárcel de Turi en Cuenca (Ecuador), donde docenas de guardias y policías fueron secuestrados en agosto.Xavier Caivinagua (AP)

Durante el 2023, nueve periodistas han tenido que exiliarse por amenazas contra su vida. “Esto nos ha sorprendido, porque no había pasado antes en Ecuador, y este año se ha vuelto algo sistemático y hemos tenido que aprender qué hacer sobre la marcha”, explica Diana Romero, de Periodistas Sin Cadenas. El segundo periodista en sacar del país fue a Carlos, nombre ficticio, un joven periodista de Durán, una ciudad de la Costa ecuatoriana, secuestrada por el crimen organizado. “Las amenazas a él fueron muy graves. Le dejaron fundas con sangre afuera de su casa, y como Durán es tan pequeño, la gente lo conoce muy bien y le llegó un mensaje de que querían matarlo”, añade Romero.

Entre enero y octubre de este año, la organización Fundamedios ha registrado 219 alertas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Ecuador. En medio de las elecciones presidenciales de octubre, se dio la mayor cantidad de alertas y tres exilios. Entre ellos María y Juan (nombres ficticios), una pareja de periodistas que tiene una radio de frecuencia abierta en la Amazonia. La pequeña ciudad donde viven tiene menos de 5.000 habitantes. Todos se conocen, y mucho más, al único medio de comunicación del sector. “Nos convertimos en la voz y el oído de la gente, llegaba todo, el pedido de auxilio de la gente, las necesidades que tienen”, dice María, pero las amenazas que recibieron han coartado por completo la libertad de expresión. “Nos han obligado a ser un medio de comunicación musical. Hemos tenido que bajar la línea editorial, tenemos que ser light, y eso también nos quita sintonía y merma las finanzas”, agrega.

La última amenaza fue contundente: un sujeto en motocicleta les advirtió que debían irese. Una noche, en la clandestinidad, María, Juan y sus dos hijas dejaron la pequeña población rural amazónica con rumbo al exilio. “Creíamos que íbamos a poder volver unas semanas después, pero nos dimos cuenta de que eso no va a poder ser”, relata María. “Tuvimos que decirles que nos vamos de vacaciones, carguen sus patines, la pelota y su ropa y vámonos. ¿Cuándo volvemos mami?, preguntaban todo el tiempo, les dijimos que nos vamos a quedar un mes, y ellas empezaron a contar los días, ‘faltan 15 días, 10 días…’ Hasta que tuvimos que decirles que no vamos a regresar”.

La historia para ellos empezó cuando investigaron la operación de grupos de microtráfico en la ruta de la frontera norte de donde entra la cocaína hasta Quito. “Obtuvimos testimonios de padres de familia con chicos afectados por el consumo de drogas y eso nos llevó a conocer varios de los eslabones de la cadena del microtráfico”, explica Juan. La investigación nunca pudo publicarse.

En todos los casos hay algo en común: los periodistas no pueden denunciar las agresiones, ni siquiera pueden pedir seguridad a la Policía porque existen evidencias suficientes para creer que están involucrados con el crimen organizado. Tampoco confían en el sistema de justicia, ni en las demás instituciones del Estado que hasta el momento han impedido que se esclarezca el crimen del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera norte.

Los periodistas de la Amazonia, además de enfrentar las amenazas del crimen organizado, también conviven con las tensiones ambientales por los yacimientos de petróleo y de minerales. Mario (nombre ficticio) fue el tercer periodista exiliado. Hizo una investigación sobre el bloque 28, una plataforma que quería instalarse en el corredor Llanganates -Sangay, una de las reservas naturales más importantes del país que atraviesa los Andes y la Amazonía. El agua que se genera en este lugar abastece a comunidades indígenas amazónicas.

El primer atentado que recibió Mario fue en su casa. Un grupo de delincuentes lo golpeó en busca de su computadora, discos duros externos y cualquier dispositivo electrónico. “Hicieron un hoyo en la cocina, destruyeron puertas, cosas que encontraban en el camino, y todo quedó así, destruido, ni siquiera alcancé a arreglarlo”, relata.

Tras el segundo atentado fue inició la odisea por salir de Ecuador. “Lo más duro del exilio ni siquiera es lo económico y cómo se van todos tus ahorros, sino estar lejos de la familia y el sismo que esto provoca en ellos”, dice Mario.

Ninguna institución del Estado protege el ejercicio de prensa en Ecuador de manera efectiva, más allá de emitir documentos de protesta. Desde la sociedad civil han creado la Mesa de Protección para Periodistas, que son los que han articulado con fundaciones internacionales la ayuda económica para cubrir los exilios. De los nueve periodistas que tuvieron que salir del país, solo dos han podido regresar y continuar ejerciendo el oficio: Anderson Boscán y Mónica Velásquez del medio La Posta. Los otros siete periodistas viven en la clandestinidad, sobrellevando con ayuda internacional el exilio.

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