En un reciente episodio del conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, el Gobierno de Venezuela entregó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento con “evidencias adicionales” respecto a su demanda de soberanía sobre la región, un área abundante en petróleo y recursos naturales. No obstante, el Gobierno venezolano ha reafirmado que no acepta la jurisdicción de la CIJ y que no cumplirá con ninguna decisión que pronuncie el tribunal internacional sobre este tema.
En su declaración oficial, el Gobierno de Venezuela reiteró su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solucionó finalmente el conflicto sobre el laudo arbitral de 1899, el cual había fijado las fronteras entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, ahora conocida como Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco jurídico que compromete a ambos países a encontrar una resolución al desacuerdo, la cual debe lograrse mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes, fuera del contexto del tribunal internacional.
La postura de Venezuela respecto a la CIJ
Venezuela, que ha sostenido su reclamación sobre el Esequibo durante décadas, cuestionó la legitimidad de la demanda de Guyana ante la CIJ, al considerar que el proceso iniciado en 2018 por la nación vecina es un «proceso judicial fraudulento». Guyana, por su parte, acudió a la Corte Internacional para que se pronuncie sobre los límites territoriales y reconozca el laudo arbitral, argumentando que dicha decisión debería ser vinculante para ambos países, de acuerdo con la normativa internacional.
El Gobierno de Venezuela, por otro lado, explicó que la entrega de documentación adicional a la CIJ no supone un reconocimiento de la autoridad de la Corte ni la aceptación de cualquier fallo que pueda dictar. El caso está aún en proceso, y las tensiones entre las dos naciones siguen creciendo, especialmente considerando que la disputa territorial sigue siendo un asunto complicado dentro de la diplomacia latinoamericana.
El plebiscito y la formación del Estado de Guayana Esequiba
A finales de 2023, el Gobierno venezolano realizó un referéndum como expresión de su posición sobre la región del Esequibo. En esta consulta, se preguntó a la ciudadanía si respaldaban la formación de un nuevo estado venezolano en dicha área. El referéndum consideraba la opción de conceder la nacionalidad venezolana a los residentes del Esequibo y, además, “añadir ese estado al mapa territorial de Venezuela”. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, los resultados reflejaron un fuerte respaldo del pueblo a la propuesta.
Este plebiscito ha sido descrito por Guyana como un «peligro para su existencia» y un avance hacia la anexión de esa área. Los funcionarios en Georgetown han manifestado su rotunda oposición a estos movimientos, viéndolos como una transgresión a la soberanía de Guyana. Desde la perspectiva de Guyana, el conflicto respecto al Esequibo se resolvió según el Convenio de Ginebra, y las medidas de Venezuela se perciben como una interpretación incorrecta de ese convenio.
La respuesta de Guyana y la postura de la CIJ
Guyana, que supervisa el territorio en conflicto, ha confirmado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no impide la competencia de la CIJ sobre el asunto, y que la Corte posee la facultad de solucionar el desacuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana subrayó que la intervención de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte disponer de todos los argumentos, tanto de hecho como de derecho, presentados por las partes concernientes para tomar una decisión definitiva. El gobierno de Guyana ha afirmado que cualquier veredicto de la CIJ será obligatorio e indiscutible, reiterando su posición de que el tribunal internacional tiene la última palabra en estas disputas sobre territorio.
El juicio permanece sin resolución en la Corte Internacional de Justicia, donde se anticipa que se dictará una sentencia sobre el conflicto próximamente. Sin embargo, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen seguir aumentando, ya que ambas naciones aseguran tener justificación en su demanda sobre la región.
La creación del Estado de Guayana Esequiba y sus implicaciones políticas
En 2024, el Parlamento Nacional de Venezuela ratificó una legislación para establecer el Estado de Guayana Esequiba, lo cual significó un avance en la táctica de Venezuela para reforzar su reclamo sobre esta área. Dentro de esta estrategia, durante las elecciones de 2025, se seleccionó por primera vez un gobernador y representantes para este estado. Esta medida, junto con la reciente encuesta popular, demuestra el decidido compromiso del Ejecutivo venezolano con la integración del Esequibo a su país.
Por otro lado, la situación ha generado creciente preocupación en Guyana y en la comunidad internacional, ya que las acciones de Venezuela podrían escalar la tensión en la región. En este contexto, la postura del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en el desarrollo de la situación, dado su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El futuro de la disputa territorial
El desacuerdo sobre el Esequibo sigue siendo un asunto clave en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su solución aún parece lejana. Mientras el caso avanza en la Corte Internacional de Justicia, las autoridades de ambos países se alistan para lo que podría convertirse en un enfrentamiento diplomático extendido.
La controversia no solo repercute en las dos naciones en cuestión, sino que también tiene consecuencias a nivel regional, especialmente en relación con el aprovechamiento de recursos naturales en el Esequibo, que es una región abundante en petróleo y minerales. La situación también ha destacado la relevancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de una estrategia diplomática y legal para solucionar disputas territoriales en un mundo cada vez más interconectado.
Mientras tanto, tanto Venezuela como Guyana siguen firmes en sus respectivos posicionamientos, y el futuro del Esequibo continúa siendo un tema de creciente relevancia en la política de América Latina.