A finales de marzo de 2023, el Museo del Prado hizo público un informe del catedrático y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado Castellary donde desvelaba que la pinacoteca nacional poseía, al menos, 70 cuadros incautados por las autoridades franquistas tras la Guerra Civil. Estas obras pertenecían tanto a particulares ―la mayoría exiliados o fallecidos durante la contienda― como a colecciones religiosas y privadas. El objetivo de la investigación era determinar cuántas estaban en manos del museo nacional, localizar a sus dueños o descendientes y devolverlas. Ahora, Colorado ha elaborado un nuevo estudio (Las universidades beneficiarias de las confiscaciones franquistas de bienes artísticos y patrimoniales) donde da a conocer los centros públicos educativos que guardan cientos de obras de arte requisadas, además de miles de libros pertenecientes a las bibliotecas del escritor Max Aub, del historiador Américo Castro o de los expresidentes republicanos José Giral y Alejandro Lerroux, entre otros. El catedrático subraya también que las universidades, con alguna excepción, no están interesadas en devolver este patrimonio o han puesto trabas a la investigación.
Durante la Guerra Civil decenas de miles de obras de arte fueron distribuidas en museos, almacenes, sedes de partidos políticos y sindicatos, búnkeres o cajas fuertes bancarias para evitar su destrucción por los bombardeos de la aviación franquista. La Junta del Tesoro Artístico, el organismo que la República creó para llevar a cabo la operación, fotografió y embaló miles de las más importantes para su evacuación. Sin embargo, otras incautadas por el sindicato anarquista FAI-CNT, la Agrupación Socialista Madrileña, las Brigadas Internacionales o Socorro Rojo, carecían de cualquier tipo de documentación cuando fueron entregadas a la Junta republicana. Se almacenaban y se protegían en la medida de lo posible.
Terminada la guerra, los franquistas crearon el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) para devolverlas a sus propietarios. El problema era que 8.710 de las 17.000 hasta ahora localizadas carecían de documentación o sus dueños habían muerto o huido al exilio. Así que las autoridades las distribuyeron por despachos oficiales, museos, conventos o iglesias. Además, algunas fueron reclamadas por desaprensivos que las identificaron como de su propiedad, personas que vieron la oportunidad de rapiñarlas.
Lo que ahora ha descubierto Colorado es que las universidades también fueron beneficiarias de estas cesiones. “Al menos fueron seis las que recibieron bienes patrimoniales, si contabilizamos tan solo los envíos gestionados desde Madrid: la de Murcia, la de Verano de Santander, Alcalá, Valladolid, Oviedo y Complutense de Madrid”.
La Universidad de Murcia fue agraciada con una entrega, el 23 de julio de 1942, de ocho pinturas de los siglos XVII y XIX. Una portavoz de esta institución explica que acaban de “comenzar un proceso de catalogación y puesta en valor del patrimonio artístico, compuesto por unas 700 obras”, de las que de “algunas se desconoce su procedencia”. No obstante, la institución cree que las ocho pinturas a las que se refiere Colorado pueden ser “ocho cuadros que aparecen en el inventario como donación directa hecha en 1948 por Álvaro D’Estoup Barrio, marqués de Corvera”.
A la Universidad de Verano de Santander, germen de la actual Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se le entregaron, el 10 de julio de 1942, un total de 29 bienes patrimoniales: esculturas, cruces, telas y ropas litúrgicas, piezas de orfebrería y objetos de culto de varios tipos. A la Universidad de Alcalá se le dio, el 25 de enero de 1943, un retablo escultórico en relieve, de la segunda mitad del siglo XVI, dedicado a La vida de santa Águeda. Esta obra se podría identificar con la que se encuentra actualmente en la capilla de san Ildefonso. “Sin embargo, en la última edición de 2016 del estudio sobre los bienes de la universidad como patrimonio de la humanidad se habla escuetamente de este retablo, atribuido a Ambrosio de Bengoechea, pero ni una palabra sobre su origen”, afirma el catedrático.
Fuentes de este centro indican que el retablo fue cedido en 1943, “cuando la universidad alcalaína actual aún no se había creado”. “Se lo entregaron, en realidad, al Instituto Nacional de Administraciones Públicas [que estaba ubicado en la universidad]”, edificio cedido por la Sociedad de Condueños. Esta última es una entidad privada local que adquirió por suscripción popular en 1850 la manzana universitaria para que no fuese derribada dado su completo abandono. La universidad, creada en 1499 por el cardenal Cisneros, no se refundó hasta 1977 sobre las edificaciones que salvaron los condueños. “Sabíamos algo, pero nosotros solo velamos por la integridad del conjunto. Y la vista de todos está. Alcalá perdió muchísimo patrimonio durante la Guerra Civil, quizás la que más”, indican las fuentes oficiales universitarias consultadas.
Colorado sostiene que la Universidad de Valladolid recibió un “tratamiento especial”, pues se le entregaron numerosos bienes entre 1941 y 1943: una escultura de la Virgen Dolorosa, de la escuela de Pedro de Mena, que procedía del convento de las Magdalenas de Alcalá de Henares, un Cristo de marfil y una talla anónima de la primera mitad del siglo XVIII, identificada como Verónica o Virgen al pie de la cruz de medio cuerpo, de madera policromada. Pero, además, se le dieron numerosas piezas de orfebrería y ropas litúrgicas, así como dos cálices de plata (gótico y renacentista) y 95 kilos de monedas de plata, cobre, bronce y otras aleaciones. “Quizás tanta generosidad pueda entenderse, si es que podemos llegar a entender estas entregas y desvíos masivos de obras durante la posguerra, por el incendio que sufrió la universidad el 5 de abril de 1939, que devoró sus dependencias, catástrofe todavía no clarificada y que apenas tuvo eco en la prensa de la época debido a la censura imperante”.
La Universidad de Oviedo fue premiada con 19 pinturas de entre los siglos XVIII y XIX y nueve piezas de orfebrería, porcelana y cerámica. Su vicerrectora, Pilar García Cuetos, anuncia que “el vicerrectorado tiene organizada para el próximo 16 de enero una conferencia en la que, bajo el título Patrimonio y Guerra Civil. Fondos artísticos depositados en Asturias durante la posguerra, se explicará cuáles son las obras que están en depósito y cuál es la situación con respecto a su identificación”. “La mayor parte son retratos, y de ellas, se ha logrado identificar aproximadamente la mitad, porque el recibo que las acompaña no es concreto y sobre alguna pieza es muy inespecífico y no incluye referencia fotográfica”. La institución lleva años realizando un trabajo de identificación exhaustivo, añade Ana Quijada, responsable de Bienes Culturales y Protocolo de la Universidad de Oviedo.
Las obras, según las responsables universitarias, llegaron a Oviedo “tras una petición del rector de ese momento, ya que la institución había perdido sus bienes tras el incendio de 1934. Hoy se encuentran depositadas en dos sedes: el núcleo del Edificio Histórico y la Facultad de Derecho”.
La Universidad Complutense fue la gran beneficiada. Recibió el 13 de diciembre de 1945 un total de 34 pinturas, 30 litografías y un grabado. Colorado se queja de la escasa, casi nula, colaboración de este centro con él. “Me he encontrado con una barrera infranqueable. Resulta incomprensible que una universidad niegue una información que debería ser transparente, especialmente para los investigadores”. El catedrático, que lo es precisamente de la Complutense, recuerda que esta institución recibió también en la posguerra numerosas bibliotecas de políticos exiliados, de “docentes a los que no solo se les abrió expediente y se les expulsó de su cátedra, sino que sus libros fueron confiscados previa depuración de los considerados como peligrosos”. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de la universidad.
Entre las bibliotecas a las que se refiere Colorado destaca la de Francisco Barnés, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante la República, con 4.000 volúmenes. También la de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, con 2.000 ejemplares, o la del coronel José Sicardo, al que los expedientes denominan “jefe militar rojo”. Pero también hay colecciones pertenecientes, entre otros, a José Giral Pereira y Alejandro Lerroux, presidentes de Gobierno, al historiador Américo Castro o al poeta Enrique Díez-Canedo. “Son decenas de miles de libros. Una vez más se podría intentar entender esta generosidad, dado que la Ciudad Universitaria de Madrid, especialmente la Facultad de Filosofía y Letras, sufrió gravísimos destrozos al ser frente de guerra; pero, también una vez más, no se pueden justificar las confiscaciones franquistas de los bienes de los exiliados y sus masivos desvíos”.
Por su parte, la Universidad de Oviedo se quedó con las bibliotecas de los socialistas Adriano Flores, Luis Freijaner Malingre y Luis Martínez García, todos ellos calificados de “rojos” por el Régimen; la de Valencia recibió la colección particular de libros del escritor Max Aub y la de Fernando Llorca Díez, yerno de Blasco Ibáñez y del catedrático Emili González Nadal, parcialmente devueltas en los años sesenta. A la de Murcia fue a parar una parte de la biblioteca de 3.000 volúmenes de Mariano Ruiz Funes, destacado penalista que había sido ministro de Agricultura y de Justicia, catedrático de Derecho y que marchó al exilio en México donde moriría en 1953.
Para completar el panorama, también fueron incautadas y depuradas las bibliotecas de agrupaciones populares, ateneos obreros, organizaciones políticas y sindicales republicanas, como la biblioteca del Ateneu Enciclopèdic Popular que se entregó a la Universidad de Barcelona, así como una parte de las gestionadas por el Servei de Biblioteques del Front, organizado por la Generalitat de Catalunya en 1937, con destino a los soldados combatientes.
“Durante más de 80 años, las universidades, los centros del saber, la investigación y el pensamiento crítico, no han querido o no han sido en su mayoría conscientes de la necesidad de indagar estos bienes patrimoniales, sus orígenes, destino y posibles propietarios incautados y dar cuenta de las obras y bibliotecas que puedan seguir en sus manos. En este sentido, deberían tomar ejemplo del Museo del Prado, que sí ha realizado una investigación sobre las obras confiscadas. Como instituciones públicas y del conocimiento, tienen que saldar una deuda contraída con todos aquellos que durante la Guerra Civil lucharon por el salvamento del patrimonio en peligro de destrucción, parte del cual hoy día pueden seguir teniendo en sus dependencias”, agrega Colorado Castellary.
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