La hemeroteca evidencia la postura de Vox hacia los premios Goya. Ignacio Garriga, secretario general del partido, sobre la edición de 2023 en Sevilla: fue “un acto de partido” donde “se insultó a millones de españoles con auténticas barbaridades”. Su compañera de filas, Carla Toscano, hablaba así sobre el sector cinematográfico nacional: “Necesitan vivir de dinero público y dar mensajes serviles porque si no estarían fregando escaleras o de cajeros en Mercadona”. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, acusó a la gala de servir para el “blanqueamiento de ETA”. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, pedía entonces “apostar sin ningún tipo de sectarismo por nuestra industria del cine, que ha perdido esencia”. Este discurso choca con el silencio instaurado en esta comunidad y en Valladolid en los días previos a que la ciudad acoja este sábado la gala de 2024. La concejala de Cultura y teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), se ciñó a la “proyección” que los premios garantizan a la ciudad sin incidir en los postulados críticos de su formación.
Además, la ceremonia de 2024 contará por primera vez con miembros de Vox. Allí acudirán el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, así como los consejeros de Cultura y de Agricultura, Gonzalo Santonja y Gerardo Dueñas. También asistirán la propia Irene Carvajal, Alberto Cuadrado y Víctor Martín, concejales vallisoletanos. Vox criticó duramente no haber sido invitado en 2019, pero su presidente, Santiago Abascal, declinó acudir en 2020.
La corporación vallisoletana, donde gobierna el PP aliado con Vox, llegó al Gobierno a finales de mayo con los Goya agendados una vez que sus predecesores, el PSOE con Valladolid Toma La Palabra, habían conseguido que la ciudad albergara la ceremonia de 2024. Los socialistas Óscar Puente y Ana Redondo, entonces alcalde y concejala de Cultura y hoy ministros de Transportes y de Igualdad, respectivamente, dieron paso a Jesús Julio Carnero (PP) e Irene Carvajal (Vox) como sucesores. El acuerdo de gobierno municipal comenzó con un cambio en el organigrama con respecto a estructuras locales anteriores: el departamento de Cultura perdía la gestión del festival cinematográfico Seminci, atribuido a Turismo, comandado por Blanca Jiménez (PP). La organización de los Goya recayó también sobre Turismo y no sobre el ala liderada por Carvajal. En Sevilla, sede de la anterior edición, el alcalde ostentaba Cultura, área que administraba los premios.
Carvajal, a pregunta de EL PAÍS el día del anuncio del pacto y el reparto de concejalías, rehuyó polémicas e incidió en la “proyección” que la gala aportaría a Valladolid. García-Gallardo, en la última edición de la Seminci bajo mando socialista, reclamaba que “los futuros gobiernos del Ayuntamiento de Valladolid recuperen esa esencia y se centren en lo principal, apostar por el cine sin ideología”, y aludió a presuntas películas “con contenidos ideológicos o sectarios”.
El vicepresidente no se ha manifestado recientemente sobre los Goya y el equipo de prensa de Carvajal ha rechazado que la edil responda ante las críticas de sus compañeros de Vox contra los premios. El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha emitido un bando municipal apelando al “sentimiento hacia la cultura en todas sus manifestaciones y disciplinas como algo indeleble en nuestra manera de ser”, y ha destacado que los vallisoletanos “llevan los apellidos de cultura y tolerancia”, invitando así a sentir “la emoción de la gran gala del cine español, excepcional acontecimiento”.
Los hoteles se encuentran abarrotados, con las últimas habitaciones rondando los 1.000 euros para la noche del sábado, y los trenes entre Valladolid y Madrid están llenos desde hace días. La Academia del Cine ha estimado en ediciones anteriores que la cita con el séptimo arte acarrea un retorno económico superior a 50 millones de euros, cifra con la que coinciden en el Consistorio vallisoletano “a corto, medio y largo plazo en imagen de la ciudad”. Fuentes del Ayuntamiento indican que han aportado unos 7,5 millones para la celebración del evento, que implica adaptar la Feria de Muestras, donde se otorgarán los galardones, y evitan polémicas sobre la postura de su socio ante los Goya.
Mientras, varios sindicatos y los partidos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han convocado una manifestación el mismo 10 de febrero para aprovechar la visibilidad de la fecha. Allí se congregarán junto a más de 100 colectivos sociales autonómicos para pedir “respeto para Castilla y León” y cargar contra las políticas de la Junta, también de PP con Vox. Los partidos en el mando municipal y autonómico han censurado la movilización por considerarla inoportuna y perjudicial para la imagen de la ciudad.
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