by Bruselas empieza a desplegar propuestas concretas para alcanzar la “seguridad económica europea” en un contexto geopolítico de creciente hostilidad entre potencias. Con ese objetivo, se ha planteado estrechar más el control sobre las inversiones extranjeras para evitar que empresas estratégicas caigan en manos no deseadas, principalmente chinas pero también de países de Oriente Próximo. De ahí que la Comisión plantee, en un paquete de propuestas que lanza este miércoles, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, dar una vuelta de tuerca a la regulación existente para controlar que esto no suceda a través de filiales en Europa de inversores extranjeros. El Ejecutivo de la Unión también insiste en la necesidad de que se controlen las exportaciones de tecnología de doble uso (civil y militar) y vigilar las inversiones europeas en tecnologías avanzadas en terceros países. En estos dos últimos casos, la propuesta no está madura y lo que plantea la Comisión es continuar el debate entre los Estados miembros.
El objetivo de extender el control a las inversiones indirectas y de plantear la homogeneización de las actuales normas nacionales busca “proteger la seguridad económica de la UE con un abanico de políticas y herramientas”, explica el borrador de la comunicación que va a estudiar el colegio de comisarios europeos. Al ampliar la definición, también se intenta evitar que haya países dentro de la propia UE que puedan ser utilizados a modo de puerto franco de entrada en el continente, ya que hay Estados miembros que hasta ahora han tenido poco interés en desplegar este tipo de mecanismos de control. Fuentes del Parlamento Europeo apuntan a Chipre y Malta, con marcos de inversión muy favorables.
La invasión de Ucrania, la pujanza de China, la situación explosiva en el estrecho de Formosa e, incluso, la potencial vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca empujan a los Veintisiete a priorizar lo que se denomina “seguridad económica europea”. Es un concepto que complementa a otro que también ha ganado protagonismo en los últimos años, “autonomía estratégica”. Ambos forman parte de un objetivo y buscan definir una estrategia por la que la UE trata de reducir su dependencia de China —principal proveedor de tecnologías clave en la transición ecológica y materias primas esenciales—, la energética de Rusia o la tecnológica de Taiwán.
La Comisión ya esbozó sus planes para alcanzar la “seguridad económica europea” el pasado junio. En aquel documento, como en los actuales, no se señala a China ni a otros países que puedan considerarse un desafío estratégico o una amenaza. No obstante, es evidente sobre qué Estados se pone el foco. Por ejemplo, en 2016 el debate se abrió por la compra de una empresa alemana de robótica avanzada, Kuka, lo que llevó a Berlín a rebajar los umbrales de control de inversiones extranjeras del 25% al 10% en 2018. Unos meses después entró en vigor la regulación europea de control de inversiones extranjeras en la UE, que permite a la Comisión dar su opinión acerca de este tipo de movimientos corporativos si considera que suponen un riesgo, aunque la capacidad de adoptar medidas contra esas inversiones sigue recayendo en los Estados. Aunque eso no evitó que la Comisión haya intervenido en la toma de participación del gigante asiático en el puerto de Hamburgo, del que acabó comprando el 25% y no el 35% pactado inicialmente.
A pesar de que en los últimos años ha bajado la inversión de China en la UE, el foco comunitario está puesto sobre Pekín más incluso que en la década pasada, ante los cambios geopolíticos provocados por la invasión de Ucrania y el mayor acercamiento a Rusia. Según Rodhium Group, consultora especializada en el gigante asiático, Pekín ha pasado de invertir algo más de 45.000 millones de euros en 2016 a 7.300 millones en 2022, contando el Reino Unido. Sin embargo, uno de los destinos más atractivos hace dos ejercicios fue Hungría, donde se instaló una gigafactoría de baterías.
Esa regulación es la que ahora quiere enmendar la Comisión, siguiendo recomendaciones del Tribunal de Cuentas europeo, “para evitar lagunas en el control de transacciones de riesgo, centrarse en los casos que presentan los mayores riesgos y garantizar una mayor responsabilidad dentro del sistema con respecto a las preocupaciones de seguridad u orden público expresadas por los Estados miembros y/o la Comisión”.
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El control de la inversiones es solo una de las patas sobre las que Bruselas plantea edificar esa “seguridad económica”. Es, de momento, la más avanzada. Las otras lo están bastante menos. En junio la Comisión ya planteaba aumentar la vigilancia sobre las exportaciones de doble uso (civil y militar) —algo ahora prohibido con Rusia para muchísimos productos por las sanciones impuestas por invadir Ucrania— y extremar el cuidado con las inversiones en tecnologías avanzadas estratégicas que se hacían fuera del territorio de la Unión. En ambos casos, sin embargo, el planteamiento que hace el Ejecutivo de Ursula von der Leyen es cauteloso al plantear “impulsar el debate” entre los Estados miembros con libros blancos para alcanzar el consenso antes de lanzarse a regular. Ese cuidado se justifica por la necesidad de buscar la unidad interna y también para presentar proyectos más maduros que, probablemente, vayan a levantar importantes críticas fuera del continente e, incluso, respuestas similares en Estados terceros.
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